CEAV rechaza el abuso en los precios de los carburantes tras la
bajada del IVA por las consecuencias de la guerra de Irán
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) denuncia el abuso que se está produciendo en los precios de los carburantes tras la bajada del IVA aprobada por el Gobierno mediante el decreto de medidas económicas y sociales adoptado como consecuencia de la crisis internacional provocada por la guerra ilegal llevada a cabo por Trump y Netanyahu en Irán.
La rebaja del IVA tenía como objetivo aliviar el gasto de las familias, reducir el impacto del aumento del coste de la energía y frenar la subida generalizada de precios. Sin embargo, estamos viendo, como ha denunciado la asociación de consumidores FACUA, que una de cada cuatro gasolineras ha subido los precios coincidiendo con la entrada en vigor de la medida, lo que en la práctica puede suponer que la rebaja fiscal acabe aumentando los márgenes empresariales y tenga un impacto mucho menor en la ciudadanía del que perseguía esta medida.
Desde el movimiento vecinal consideramos esta situación inaceptable. No se puede permitir que medidas públicas destinadas a proteger a la población acaben siendo aprovechadas por determinadas empresas para incrementar sus beneficios. Cuando el dinero público o las rebajas fiscales no llegan a la ciudadanía porque alguien se las queda por el camino, estamos ante un problema político y social que debe ser corregido por las administraciones públicas.
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: no puede ser que sectores estratégicos como la energía o los combustibles funcionen únicamente bajo la lógica del beneficio empresarial cuando afectan directamente al coste de la vida, al transporte, al empleo y al precio de todos los productos básicos. El precio del combustible no es un asunto menor; es un elemento central de la economía cotidiana de millones de familias trabajadoras.
La CEAV coincide con las medidas planteadas por la asociación de consumidores FACUA, que ha denunciado estas subidas de precios y ha reclamado mecanismos de control para evitar que las empresas se apropien de las rebajas fiscales o ayudas públicas. Consideramos que es necesario reforzar la vigilancia sobre los precios de los carburantes, investigar posibles subidas injustificadas y establecer mecanismos de control de precios en situaciones excepcionales como la actual.Las administraciones públicas no pueden limitarse a aprobar ayudas o rebajas fiscales; deben garantizar que esas medidas llegan realmente a la población. Si no hay control, las medidas sociales pueden acabar convirtiéndose en beneficios empresariales pagados por todos. Cuando el mercado falla y se producen abusos, la obligación de las administraciones es intervenir para defender el interés general.
El movimiento vecinal lleva años denunciando que el encarecimiento de la energía, la vivienda, los alimentos y el transporte está provocando una pérdida continuada de poder adquisitivo de la mayoría social, mientras determinados sectores económicos siguen aumentando sus beneficios. Esta situación genera desigualdad, empobrecimiento y dificulta la vida cotidiana en nuestros barrios.
Por ello, la CEAV reclama:
• Un refuerzo del sistema público de seguimiento y control de los precios de los carburantes existente, dependiente en la CNMC, con un periodo de aplicación mayor.
• La investigación de posibles prácticas abusivas o concertadas en la subida de precios y la consideración de las subidas de precio injustificadas como infracción muy grave según el artículo 110 de la Ley 34/1998, debida a la apropiación de las rebajas fiscales destinadas a la ciudadanía.
• La recogida en un texto legislativo de mecanismos de control de precios en situaciones excepcionales que puedan darse en un futuro.
Permitir abusos en los carburantes significa encarecer la vida de toda la población, encarecer el transporte, encarecer los alimentos y aumentar las dificultades económicas de las familias. Por eso, este no es sólo un problema de consumidores, sino un problema social que afecta al conjunto de la ciudadanía.
Las medidas sociales deben servir para proteger a la ciudadanía, no para aumentar los beneficios de unas pocas empresas. La salida a las crisis que comenzamos a afrontar no puede volver a hacerse a costa de la mayoría social, mientras unos pocos aumentan sus márgenes de beneficio mediante el abuso al consumidor final.
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV)
